PREOCUPA EL DESTINO QUE PUDIERA DARSE AL FONDO MINERO Y POR ENDE SE PIERDA EL OBJETIVO PRINCIPAL

Causa incertidumbre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que propone reencauzar el destino de los recursos del Fondo Minero y destinarlos directamente a dependencias federales.

 

Ante esta situación existe la duda sobre los beneficios que ese fideicomiso generaría a las comunidades donde se realizan este tipo de actividades extractivas.

 

La investigadora del centro de análisis Fundar Beatriz Olivera, especialista en el sector, manifestó que si bien hace falta más información para entender la propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley de Derechos, existe incertidumbre ante la posibilidad de que se elimine la opción de beneficiar a los estados y municipios donde se generan afectaciones por la minería.

 

Refirió que el hecho de no contar con un enfoque de desarrollo local hace que se pierda el beneficio que podrían traer las empresas mineras a las poblaciones afectadas en particular.

 

“Son estas comunidades quienes lidian con los impactos que deja la minería. Eso sí me parece preocupante, porque el fondo fue creado para mejorar la calidad de vida de estas personas en específico, no en general para mejorar la educación de la población”, dijo.

 

La especialista sostuvo que el planteamiento de la administración de López Obrador, incluido en el Paquete Económico para 2020, prevé reencauzar a “mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud” los recursos que en el esquema previo irían directamente a estados y municipios con actividades mineras”.

 

Cabe mencionar que en el caso de Colima en 2017 tocaron casi 26.5 millones al Gobierno del Estado y más de 41.5 a Minatitlán, además de otros montos menores a otros cinco municipios.

 

“A reserva de tener mucha más información, creo que sí es preocupante que este recurso no esté etiquetado para el tema local”, añadió.

 

Beatriz Olivera destacó que hay vacíos informativos en la propuesta del presidente, en la cual se menciona que el 85 por ciento de los recursos que se recaudan por derechos sobre minería irían a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para aplicarlos como señala el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, sin embargo, entre las atribuciones de esa dependencia no se encuentra aplicar recursos en todas esas áreas.

 

“No queda claro cómo la SEP va a cumplir con el objetivo que tendrían que estar cumpliendo estos recursos, con lo que marca el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, que establece que el Fondo va a ser para obra pública, medio ambiente, movilidad… Al pasarlo a la SEP, no queda claro cómo es que dentro de las facultades de esta Secretaría se va a poder seguir cumpliendo con los objetivos del Fondo”, explicó.

 

Añadió que en el documento del Ejecutivo no se pone ningún “candado” a la SEP para que ejerza los recursos del Fondo Minero con un enfoque local, es decir, podrían verse beneficiados incluso los estados y municipios sin considerar su actividad minera.

 

Indicó que mientras no se especifique que los recursos se emplearán de una forma distinta a la que dicta el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos, se entiende que la SEP tendría que hacerse cargo de aplicar el dinero en las referidas áreas.

 

«Hasta ahora lo que se plantea solamente es que va a la SEP, y sí se dice para qué podrían ser ocupados, pero no me imagino a la SEP construyendo obras de inversión sobre medio ambiente, sobre movilidad. Todo lo que mandata el 271 de la Ley Federal de Derechos se sale de las atribuciones de Educación”, reiteró.

 

Asimismo puntualizó que la propuesta no menciona la creación de un fideicomiso ni el espíritu que traía el Fondo, que era mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras. Todo el tema local queda desdibujado. En este caso, los beneficios irían tal vez a toda la población en México.

 

“Yo entendería que, mientras no se especifique lo contrario, sí se van a seguir utilizando así, porque lo que ahí dice es que se usará en lo que establece el artículo 271, y se precisa que es para educación y salud, y se añade ‘más lo que viene del 271’. Yo diría que sí, pero es una falta de precisión lo que tiene”, manifestó.

 

Beatriz Olivera añadió que otra de sus preocupaciones reside en que, de acuerdo con la iniciativa, el 10 por ciento de los recursos se irán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La investigadora explicó que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha señalado que el dinero que ha entrado a Hacienda en años pasados, no se ha podido rastrear.

 

“La Auditoría Superior de la Federación ha destacado que el dinero que ha entrado a Hacienda en años pasados no ha estado etiquetado, ha ido a una bolsa común y no se ha destinado para lo que fue pensado, para obra de infraestructura. No se puede rastrear no se etiqueta en el interior de Hacienda para que se emplee como se tiene pensado”, señaló.

 

Beatriz Olivera mencionó que lo adecuado sería que, a través de las reglas de operación, se colocara un “candado” para garantizar el enfoque de desarrollo local en el ejercicio de los recursos del Fondo Minero.

 

“Es lo adecuado, sería el paso necesario, porque si solamente se mandata que vaya el dinero a Educación, tal como está escrito en la iniciativa, no hay manera de que podamos rastrear ese dinero, no se habla de que estos recursos vayan etiquetados, en un fideicomiso, en un fondo, algo que permita que sólo se usen para ciertos fines”, finalizó.