URGENTE APROBAR EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y FAMILIARES

+Ante la pandemia del Covid 19 millones de familias mexicanas vieron interrumpido el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la mayor parte de las funciones judiciales cesó a partir de los decretos de emergencia sanitaria expedidos por la Secretaría de Salud, señaló Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

 

Ante la pandemia por Covid-19, urge aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que “millones de familias mexicanas vieron interrumpido el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la mayor parte de las funciones judiciales cesó a partir de los decretos de emergencia sanitaria expedidos por la Secretaría de Salud”, señaló el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell.

 

Recordó que el 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional, por medio de la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir legislación única, aplicable a nivel nacional, en materia de procedimiento civil y familiar.

 

Detalló que en el artículo transitorio cuarto del respectivo decreto de la reforma constitucional se señalaba que el Congreso de la Unión tenía un plazo de 180 días para expedir esa legislación única, es decir, “el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares tendría que haber sido aprobado hacia la mitad del mes de marzo de 2018, pero todavía no se ha cumplido con ese mandato constitucional, por lo que estamos claramente ante una omisión legislativa absoluta”.

 

El investigador precisó que en las 32 entidades federativas de la República Mexicana se tramitan anualmente 1 millón 961 mil 517 expedientes judiciales, lo anterior, con base en el Censo Estatal de Impartición de Justicia 2019, del INEGI.

 

De ese total de causas judiciales, indicó que el 38% corresponde a la materia familiar, por ejemplo: divorcios, adopciones, pensiones de alimentos o compensatorias, incidentes de guarda y custodia de menores, etcétera; y el 29% a la materia civil, como lo son: arrendamientos, acciones de protección de la propiedad, disputas por herencias, etcétera.

 

Por lo anterior, señaló que dos de cada tres juicios ante los órganos judiciales locales deberían estar regidos por un Código que todavía no se ha expedido.

 

Reconoció que la pandemia ha obligado a todos a tomar medidas de distanciamiento, lo cual incluye el desempeño de la tarea judicial, para efecto de tutelar la vida, la salud y la integridad física de todos los que trabajan en los tribunales.

 

En ese contexto, consideró que la única manera de hacerlo es mediante las herramientas tecnológicas para el desahogo de los juicios, “necesitamos contar con herramientas como los juicios en líneas, las audiencias virtuales, el uso de programas de inteligencia artificial, notificaciones por WhatsApp, entre otras cuestiones que pueden permitir que la justicia sea más ágil, que se imparta con mayor celeridad y que no ponga en peligro de contagio a quienes acuden ante nuestros jueces a reclamar sus derechos”.

 

Por lo tanto, “esas herramientas pueden y deben figurar en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se debe expedir a la brevedad”, apuntó.

 

Refirió que otros países han llevado a cabo profundas reformas legislativas para modernizar sus procesos civiles. “Podemos citar los interesantes casos de Ecuador (Código Orgánico General del Proceso, 2015), Brasil (Código del Proceso Civil Brasileño, 2015) y Colombia (Código General del Proceso, 2012), tres países que cuentan con recientes regulaciones en la materia, adaptadas en buena medida a los avances que permite el uso de las nuevas tecnologías en materia de impartición de justicia. México no debe quedarse atrás”.

 

En ese sentido, aseguró que de no ponerse a la vanguardia “México nunca podrá ser el país que soñamos, mientras en nuestros tribunales se sigan cosiendo con aguja e hilo los expedientes, mientras los asuntos tarden años en ser tramitados y mientras no busquemos el auxilio de la tecnología para permitir que la justicia llegue hasta millones de hogares mexicanos que nunca la han podido siquiera conocer”.

 

Finalmente, expresó que se debe trabajar para construir un mejor sistema de justicia, en beneficio de todos los habitantes del país, y para no poner en riesgo la salud y la vida de quienes acuden ante los tribunales a pedir esa justicia, por estar expuestos al nuevo coronavirus.