RESPALDA COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES INICIATIVA QUE GARANTIZA PRESUPUESTO IRREDUCIBLE PARA LA JUSTICIA

+La propuesta plantea modificar el artículo 116 constitucional, fracción III, para que los poderes judiciales locales dispongan una garantía institucional de autonomía presupuestal.

 

 El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), magistrado Rafael Guerra Álvarez, se pronunció a favor de la iniciativa que garantiza el presupuesto anual irreducible para aplicar la justicia.

 

La propuesta consiste en modificar el artículo 116 constitucional, fracción III, para que los poderes judiciales locales dispongan una garantía institucional de autonomía presupuestal.

En el foro virtual Desafíos de la Justicia Mexicana, organizado por el Senado, el presidente magistrado informó que de manera unánime, la Conatrib está de acuerdo con la iniciativa para que en el citado artículo se prevenga una asignación anual que no podrá ser inferior al 2 por ciento del presupuesto general de cada estado, ni menor al previsto en el ejercicio del año anterior, es decir, una cláusula de no regresividad.

 

Rafael Guerra señaló que es necesario reorientarse el presupuesto asignado a los tribunales locales en forma equitativa, con el firme propósito de lograr un cambio sustantivo en materia jurisdiccional.

 

Además, consideró que “es imprescindible avanzar hacia una refundación de la justicia en el país, en ruta a construir un federalismo judicial con jueces locales garantes de los derechos que se litigan por la mayoría de los ciudadanos ante la justicia del fuero común”.

Asimismo, dijo estar convencido de que “la pacificación del país requiere instituciones de justicia sólidas y transparentes, así como juzgadores con capacidad para dictar resoluciones con prontitud y ajustadas únicamente al mandato de la Constitución”.

 

Referente a la oralidad y los juicios en línea en las materias de lo civil y familiar, que se han puesto a disposición de la sociedad, indicó que es necesario que el uso de las tecnologías de la información tenga un respaldo jurídico expreso.

 

Ello, dijo, con el fin de potencializar su aplicación en aquellas controversias civiles y familiares que, por su naturaleza, permitan su desarrollo con el aprovechamiento de las tecnologías de la información.

 

Planteó que el nuevo código de procedimientos civiles y familiares incorpore en sus disposiciones mecanismos jurídicos para el trámite de procedimientos orales en línea, formalidades para la presentación de demandas y promociones autenticadas con firma electrónica.

 

Asimismo, para el uso de mensajes de datos para la ejecución de notificaciones y requisitos para el desahogo de interrogatorios, así como para procesos de identificación a distancia de las partes involucradas.

 

En ese sentido, dijo estar de acuerdo en la regulación de estos procedimientos orales en línea, y se lleve a cabo un proceso de consulta con los operadores del sistema de impartición y administración de justicia, como magistradas, magistrados, juezas y jueces, “en una franca apertura democrática del Senado que permita el intercambio de experiencias y necesidades”.

 

 

El foro contó con la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entre otros servidores públicos de los tres poderes, tanto del nivel federal como local.