PIDEN ABOGADOS EL RESPALDO DEL GOIERNO DEL ESTADO, PARA SUPERAR LA CRISIS  POR LA PANDEMIA DEL COVID 19

+Ya se le presentó al gobernador una petición para respaldarlos, ya sea de forma económica, o mediante algún programa, pero aún no se ha tenido respuesta, declaró El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, Oswy Delgado

 

 

El presidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados, Oswy Delgado aseguró que le insistirán al Gobierno del Estado para que atienda sus  demandas, ante la pandemia del Covid 19, ya que también forman parte de la sociedad. 

 

Aseveró que a más de 2 meses de la declaratoria de emergencia los abogados sí se han visto afectados, “en la Federación de Abogados tenemos 2 organizaciones que son el Colegio de Juristas y el Colegio de Abogados Benito Juárez, los cuales ya le presentaron al gobernador una petición para respaldarlos, ya sea de forma económica, o mediante algún programa, pero aún no se ha tenido respuesta”.

Por lo tanto, señaló que nuevamente le van a solicitar al Ejecutivo que atienda sus peticiones, “para que los abogados nos veamos beneficiados con algún programa del Gobierno del Estado”.

 

Comentó que ante la falta de empleo “les hemos sugerido que busquen otras alternativas para generar ingresos, mientras regresamos a trabajar”.

Oswy Delgado dijo estar consciente de que esta situación los tomó por sorpresa, “no estábamos preparados, entonces tenemos que aprender y ver qué es lo que nos ofrece el gobierno federal y el gobierno del estado, como alternativas para mitigar el impacto económico que estamos resintiendo a consecuencia de esta pandemia”.

 

Reconoció que los poderes del estado, particularmente el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial “han tomado las mejores decisiones ante esta contingencia sanitaria, y estoy convencido de que gracias a esto, no hemos avanzado a pasos agigantados en cuestión de contagios, como ha ocurrido en otras entidades”.

 

Refirió que presidentes de diferentes organizaciones tuvieron una reunión con el presidente del Tribunal, el magistrado Bernardo Salazar, quien los atendió y les explicó los mecanismos que se han analizado al interior del pleno, para tomar la decisión limitar las actividades en el tribunal.

 

Sin embargo, lamentó que esto ocasionara que los abogados litigantes, “nos veamos afectados, ya que con el retraso de nuestros expedientes, y carpetas de investigación, no podemos no percibir nuestros honorarios y recursos económicos”.

A pesar de su situación, aplaudió el esfuerzo que hizo el Poder Judicial para darle prioridad a los sectores sociales más vulnerables, como madres de familia, personas con discapacidad, adultos mayores, y se siguieran atendiendo sus casos, como el de pensiones alimenticias, las cuales se siguen recibiendo y entregando en la oficina central de depósitos.

 

Referente al uso de las nuevas tecnologías, argumentó que si bien otras instituciones las utilizan como una herramienta de trabajo para poder continuar con sus labores, “en Colima no existe el marco jurídico para poder hacerlo así”.

Recordó que “en el 2008, cuando se estableció el Nuevo Sistema de Justicia Penal Adversarial, y en el 2016 cuando ya se estableció en todos los estados de la República en el Código de Procesamientos Penales, quedó establecido el uso de notificaciones (en línea), lo cual es un avance importante”.

 

Sin embargo, comentó que para el Código Civil del Estado de Colima, no existe esa modalidad, por lo que consideró que esta situación “nos está llevando a un proceso de aprendizaje, y las organizaciones de abogados debemos analizar y presentar una propuesta, una iniciativa de ley  para después, sumándole ideas objetivas, con fundamento y justificación”.

 

Aclaró que sí se pueden hacer notificaciones vía electrónica, “pero en este momento el marco jurídico no lo permite; incluso hay abogados que están pidiendo que se les permita recibir demandas  y que se dé a conocer en el primer día de labores, pero con el sólo hecho de recibir una demanda o promoción, ya empiezan a correr términos, y la Suprema Corte de Justicia señala que cualquier actuación en día inhábil no tiene validez”.

 

Por lo tanto, argumentó que esta decisión “no es un capricho del Poder Judicial, sino que se tomó junto con los demás tribunales de los estados de la República, fue algo que se consensuó, se analizó, para garantizar el derecho a la justicia”.

Enfatizó que se debe priorizar la vida, para que se pueda continuar con el resto de las actividades, y es que “son entre 400 y 500 personas que visitan el tribunal diario, y este nuevo coronavirus puede ser asintomático, entonces podemos ser transmisores y no saberlo, y contagiar a los demás, a nuestros padres, etc”.

 

Por lo anterior, insistió en que se debe tomar conciencia “y  debemos solidarizarnos para apoyar a nuestros compañeros, ya sea con despensas, consiguiendo créditos, para solventar las necesidades, pero sobretodo, analizar la situación para encontrar soluciones a estos problemas”.

 

Por otra parte, apuntó que no han parado los trabajos del todo en el tribunal, ya que se ha ido avanzado en cuestión de acuerdos, para que en cuanto se retomen las actividades, no haya demoras.

 

Asimismo, señaló que están trabajando para reagendar audiencias y que estas estén listas cuando regrese todo el personal a los juzgados, “por lo que va habrá u n avance importante en los casos y la idea es que se logre suprimir el rezago”. 

En otros orden de ideas se manifestó en contra de la amnistía para las personas que se fueron procesadas penalmente por un delito, pues consideró que se estaría descuidando la integridad de las víctimas.

 

Además, señaló que no es un buen momento para entregar amnistías a las personas cuartadas de su libertad, ya que no hay oportunidades de empleo debido a la pandemia que se está viviendo, y lamentablemente indicó que es muy probable que haya quienes reincidan en los delitos que cometieron para obtener dinero, “ya sea robando, o asaltando, y de más, entonces son temas muy complejos que se deben analizar”.

 

Finalmente, expresó que lo que más les preocupa es que los estados no tengan la capacidad para que la Unidad de Medidas Cautelares pueda estar al pendiente de la supervisión de cada uno de los imputados, que reciban la amnistía.