Envía la comisión de hacienda del congreso solicitud de un nuevo crédito

+Los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, Julio Anguiano Urbina y Guillermo Toscano Reyes, junto con el diputado del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, aprobaron el trámite de la iniciativa para la solicitud del crédito por 750 millones de pesos enviada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

 

Tras una larga jornada de más de 12 horas aproximadamente, en el Congreso del Estado los diputados de la fracción parlamentaria de Morena, Julio Anguiano Urbina y Guillermo Toscano Reyes, junto con el priista Rogelio Rueda Sánchez, aprobaron el trámite de la solicitud del crédito por 750 millones de pesos, que envió el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

 

Como presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Julio Anguiano, convocó a sesión para analizar la iniciativa del ejecutivo, en la cual también estuvieron presentes los secretarios de Planeación y Finanzas, Cultura y Salud, para que detallaran en qué se va a utilizar el crédito.

 

Sin embargo, el diputado morenista no consultó previamente a sus homólogos, lo cual generó la inconformidad del diputado Arturo García Arias y la diputada Ana Karen Hernández, quienes también son integrantes de la comisión y afirmaron que no se les tomó en cuenta para convocar a los funcionarios estatales.

 

De igual forma, el diputado Vladimir Parra Barragán, y las legisladoras Blanca Livier Rodríguez Osorio, Araceli García Muro y Claudia Aguirre Luna, se manifestaron en contra de la forma de actuar de sus compañeros de la bancada, a pesar de que no son miembros de la comisión.

 

Ante esos acontecimientos, terminaron suspendiendo la sesión en la madrugada del sábado 4 de julio, sin ser agotado el orden del día, lo cual fue considerado un acto ilegal por el resto de los diputados de Morena.

 

Los legisladores inconformes señalaron que no se le dio el tiempo suficiente a la iniciativa para aprobarla, mucho menos para que prepararan sus cuestionamientos para la visita de los funcionarios del gobierno estatal, por lo que exigieron que se realizara la sesión respetando el orden del día y se reprogramara la visita de los funcionarios para una sesión posterior.

Además, argumentaron que tampoco se le ha tomado en cuenta a la sociedad colimense respecto a la solicitud del crédito, como a la organización ¿Cómo vamos? Colima, la cual se encarga de estudiar las finanzas del estado.

 

Entre gritos y reclamos, el diputado del PRI, Rogelio Rueda Sánchez señaló que previamente se les había explicado todo lo relativo a la solicitud de crédito, por lo que no era necesario que nuevamente se consultara sobre la visita de los funcionarios estatales.

La sesión se fue tornando violenta, unos a otros se arrebataban el micrófono; Julio Anguiano pidió que levantaran la mano quienes estuvieran de acuerdo con la propuesta y se levantaron varias manos aprobando la iniciativa de solicitud de crédito, él mismo lo hizo junto con Guillermo Toscano y Rogelio Rueda, mientras que la diputada Ana Karen Hernández y el legislador Arturo García Arias, reclamaron la votación apresurada.

En ese momento, el diputado Vladimir Parra le quitó el micrófono a Julio Anguiano, lo cual molestó al diputado y se retiró acompañado por Toscano, quienes salieron por la puerta trasera del Congreso del Estado.

 

Asimismo, Rogelio Rueda Sánchez comenzó a discutir con Arturo García Arias, ya que éste último aseveró que se trató de un “un albazo y un acto ilegal, pues no se concluyó el orden del día de la sesión”.

 

De igual forma, Vladimir Parra, Blanca Livier Rodríguez y el propio García Arias denunciaron “presuntas irregularidades cometidas” durante la sesión, ya que no se les informó cuándo se realizará la siguiente, en la que podría presentarse  el dictamen a favor del crédito.

Cabe señalar que el pasado 24 de junio del 2020, Vladimir Parra, como presidente de la Comisión de Gobierno Interno en el Congreso de Estado, y la diputada Ana Karen Hernández, informaron a través de un comunicado que presentaron una serie de iniciativas para reformar la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios, así como la Constitución Política Local.

 

Sin embargo, ninguno de los diputados proporcionó datos sobre las finanzas actuales del estado; además a la diputada Ana Karen Hernández se le señaló recientemente de haber plagiado una iniciativa en materia de educativa de la legislatura de Morelos, por lo que ambos diputados pudieran no tener conocimiento de la Ley existente, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 117, fracción VIII, establece que  “los estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la Ley General que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses”.

 

Además, el artículo señala que los estados y municipios sólo podrán endeudarse “cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizare bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados empresas públicas y fideicomisos, y en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios”.

 

Asimismo, indica que “los estados no pueden, en ningún caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional”.

 

También queda establecido que “la suscripción de pasivos públicos, deuda pública y demás compromisos de pago a cargo del estado y sus municipios, deberá apegarse a las disposiciones de la Constitución Federal, de la Ley General respectiva y de la legislación estatal correspondiente”.

 

En ese sentido, la contratación de la deuda pública se encuentra sujeta a lo que dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

 

A pesar de lo que mandata la constitución, el diputado Vladimir Parra presentó una iniciativa de reforma con el objetivo de limitar a los gobiernos municipales y estatal no puedan adquirir créditos o financiamientos, modificando la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima y sus Municipios.

 

En ese caso, la iniciativa del diputado Morenista deberá sujetarse al artículo segundo transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y armonizarse, pero el legislador omitió ese punto.

 

USO DEL FINANCIAMIENTO POR 750 MDP DEL GOBIERNO DEL ESTADO

 

El pasado 3 de julio, mediante un comunicado de prensa, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dio a conocer que envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto en donde solicita autorización para contratar un crédito de hasta 750 millones de pesos.

En el boletín se explica que en febrero de 2016, Peralta Sánchez “recibió la administración estatal con las finanzas en bancarrota: casi 8 mil millones de pesos entre deudas bancarias y no bancaria, por lo que el Gobierno estatal no tenía acceso al mercado de crédito y el nivel de liquidez estaba colapsado”.

 

El mandatario estatal señala que “en los primeros tres años de mi gobierno, de 2016 a 2018, aplicamos una drástica política de austeridad que se combinó con un comportamiento positivo de los ingresos, lo que permitió racionalizar el gasto, iniciar el pago de los pasivos heredados y ejecutar proyectos de gran visión para los colimenses”.

Asimismo, dijo que “se han tomado decisiones dolorosas pero necesarias, que junto con un manejo responsable de la deuda ha permitido tener finanzas más sanas que hace cinco años, por lo que la Secretaría de Hacienda ha determinado que la deuda es manejable”.

El titular del Ejecutivo “explicó que la deuda bancaria de largo plazo en 2015, que ascendía a 2,805 millones de pesos, hoy se ha reducido a 2,719 millones, con una disminución de 86 millones de pesos”.

 

Sin embargo, apunta que “el año pasado comenzó una crisis económica a nivel nacional que se ha profundizado este 2020, por una fuerte caída en la inversión privada, el menor precio del petróleo y la contingencia del Covid-19, lo que ha traído como consecuencia una menor recaudación de impuestos”.

 

Por lo anterior, el gobernador enfatizó que es necesario “cuidar el equilibrio en las finanzas públicas y cumplir con los compromisos de pago de proyectos de inversión productiva de largo plazo” y, aunado a ello, “es necesario recurrir a un crédito bancario, lo que nos permitirá refinanciar deudas ya existentes que sería imposible pagar con la nueva realidad económica a nivel nacional, señaló el gobernador durante su mensaje”.

 

El gobernador detalló que “en el 2018 el presupuesto público fue un poco superior a los 19 mil millones de pesos y para este 2020 se prevé que apenas llegará a los 16 mil millones de pesos, lo que significa un recorte al gasto de Gobierno en dos años cercano a los 3 mil millones de pesos”.

 

En el mensaje, dio a conocer que “el crédito se destinaría a los siguientes tres conceptos: el proyecto del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i); combatir la epidemia del Covid-19 y concluir el proyecto de Palacio de Gobierno”.

 

Referente al proyecto del C5i, “afirmó que es la mayor inversión en seguridad pública en la historia de Colima, que permitirá solventar las necesidades tecnológicas de Colima en la materia. Una herramienta que contribuye al trabajo que se hace en materia de seguridad pública y procuración de justicia”.

 

Finalmente, como parte de ese proyecto, aseguró que “se entregarán 825 cámaras de alta resolución, ubicadas en puntos estratégicos de todo el Estado; 11 arcos carreteros para identificar vehículos robados, un sistema de comunicación entre corporaciones mucho más seguro; botones de emergencia para empresas, escuelas, transporte público, mujeres que han sido víctimas de violencia de género y adultos mayores; así como un edificio inteligente con la capacidad de albergar toda la tecnología y representantes de corporaciones de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno”.