OSAFIG TIENEN FACULTADES PARA AUDITAR AL STJE: BERNARDO SALAZAR SANTANA

 

*Magistrado Presidente señala que sí se deben pagar los cinco días a empleados sindicalizados del Poder Judicial.

 

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, Bernardo Salazar Santana dijo que no tienen ningún problema en que el Órgano  Superior de Auditoría y Fiscalización (OSAFIG) realice una auditoría al interior del ente autónomo, asegurando que no encontrará nada mal.

 

El titular de la dependencia indicó que el Osafig tienen las facultades para hacer este tipo de revisiones, incluso lo hace cada año en la revisión de las cuentas públicas y eso es un lineamiento determinado por una base constitucional y legal.

 

Manifestó que lo que no puede hacer el Órgano Fiscalizador es llevar a cabo actos de sometimientos o subordinación, esto debido a que el Poder Judicial es un organismo independencia y cuenta con autonomía propia que no puede ser vulnerada.

 

“Puede determinar si existe una falta grave o no grave en su valoración, pero no puede ordenar sanción ni puede ejercer una acción como con otras instancias en donde sanciona a un funcionario, en este caso, debe someterse al órgano interno de control que está determinado por el Sistema Estatal Anticorrupción”, explicó.

 

Asimismo comentó que sí debe pagarse los cinco días a empleados sindicalizados del Poder Judicial, ya que dijo es un estímulo de fin de año que se les viene otorgando y que aunque no está convenido como tal, fue una forma de apoyar al trabajador por el pago de impuestos al SAT por la percepción del aguinaldo.

 

“En el presupuesto para el 2019 está considerado el pago de 40 días de aguinaldo, cinco días de estimulo de fin de año y lo que es la prima vacacional, esto fue una forma para poder dar los 45 días de aguinaldo, y se hiso a partir de que el SAT establece que el aguinaldo debe ser grabado y pagar impuestos, por lo que se vio la forma de compensarlo al fraccionarlo, para que quedara como una especie de bono, mismo que no estaría sujeto a ser grabado”, expuso.

 

Indicó que el problema de que al final del año el Poder Judicial no cuente con toda la cantidad completa para cumplir con compromisos de fin de año, así como el pago de sueldos de la última quincena del año y el pago a jubilados y pensionados se debe a que el presupuesto no está ajustado a las necesidades reales en el rubro de servicios personales.

 

“Para este año nosotros replanteamos al Congreso desde el 30 de octubre que se entregó el presupuesto, que se iban a ejercer en el capítulo de  servicios personales y jubilados y pensionados, 242 millones de pesos considerando el número de trabajadores y el sueldo de cada uno de ellos, pero solo nos autorizaron 216”, subrayó.

 

“Cada año, desde hace muchos años, lo que se autoriza para ejercer en el Poder Judicial no es suficiente para cubrir las necesidades y al final del año se están pidiendo ampliaciones o autorizaciones extras para salir con estos compromisos”, reiteró.

 

Bernardo Salazar manifestó que para prever esta situación durante el 2019, se le hizo el planteamiento en el mes de noviembre a la Secretaría de Finanzas, “pero solo nos ayudaron para cumplir con parte de la segunda quincena de noviembre, nosotros lo que hacemos es ocupar parte de la previsiones que se van haciendo cada quincena durante todo el año”, explicó.

 

“Se llega la primera quincena de diciembre y hacemos lo mismo insistimos con la ampliación, y nos apoyan pagando el pago de la quincena neta sin retenciones y tenemos que volver a hacer uso de las previsiones”, continuó.

El Magistrado presidente aseguró que no hay dispendio de recursos, no se ha incrementado la planta laboral en los tres años de su administración, sin embargo el único rubro que podría ayudar a evitar esta situación es una disminución en la planta laboral.

 

Sostuvo que la única reingeniería que se puede hacer y que ya se está trabajando en ello es bajar el gasto en servicios personales, lo que implica ver si se continúa con la misma plantilla y ver si las prestaciones que se están pagando no están impactando directamente.

 

“Si pensáramos en esa posibilidad, se tendría que prescindir de alrededor de 100 personas, pero el sindicato no quiere que le toquen a su gente, ni sus prestaciones, sin embargo la mayoría del personal de confianza están instalados en órganos jurisdiccionales como juzgados, sistema penal, mediación o en segunda instancias que forman parte del órgano jurisdiccional”.

 

Finalmente agregó que el servicio por el contrario se requiere de más gente, ya que los juzgados están saturados de trabajo, por ello las audiencias no se desahogan con la prontitud y en los tiempos que se requieren.