ANALIZAN RETOMAR ACTIVIDADES VÍA REMOTA EN EL PODER JUDICIAL

+ El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima,  Bernardo Alfredo Salazar Santana, especificó que el artículo 29 constitucional habla de la suspensión y limitación de los derechos humanos en lo que se conoce como estado de excepción, “y en este caso no se admite una suspensión como tal, pues se tiene que garantizar que haya por lo menos lo necesario para que se continúe otorgando el servicio”

 

 

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima,  Bernardo Alfredo Salazar Santana, dio a conocer que están analizando la forma de retomar las actividades vía remota, en caso de que se prolongara la cuarentena.

 

“Los 10 magistrados y el secretario general de acuerdos hemos tenido reuniones de forma virtual, a través de videoconferencias,  para ver cómo vamos actuar mientras dure la contingencia, y cómo vamos actuar después de la contingencia para darle celeridad y trámite a los asuntos”, indicó.

 

 Lo anterior, luego de que se acordara la suspensión de actividades del Poder Judicial del Estado, desde el 18 de marzo, tomando en consideración los criterios de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, como parte de las medidas preventivas adicionales ante la pandemia ocasionada por el Covid-19.

 

“Estamos viendo que se ha ido extendiendo la cuarentena, pero hasta el momento se tiene fecha de retomar actividades el próximo 4 de mayo, a reserva de que las autoridades sanitarias dispusieran de otra cosa y se tuviera que prolongar. En caso de que se prolongara estamos analizando el trabajar a través de otros mecanismos, de otros medios,  para darle continuidad al desahogo de los juicios en general, como al de actuaciones judiciales, audiencias y notificaciones, así como en la elaboración de acuerdos y resoluciones”, manifestó.

 

Afirmó que en el Poder Judicial del Estado se está acatando las indicaciones de las autoridades sanitarias, en el sentido de suspender actividades y hacer una pausa en las labores cotidianas, para únicamente atender situaciones urgentes, ya que “la administración de justicia es un servicio público que está destinado para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia, y aún en situaciones de excepción no puede suspenderse”.

 

Especificó que el artículo 29 constitucional habla de la suspensión y limitación de los derechos humanos en lo que se conoce como estado de excepción, “y en este caso no se admite una suspensión como tal, pues se tiene que garantizar que haya por lo menos lo necesario para que se continúe otorgando el servicio”.

 

En ese contexto, explicó que el pleno del Supremo Tribunal de Justicia emitió un acuerdo para darle a conocer a la población que el servicio que tiene que ver con atención directa al público y con actividades que no se consideren de carácter urgente, quedaban suspendidos e inhábiles a partir  del 18 de marzo.

Detalló que los asuntos urgentes tienen que ver con lo penal y lo familiar, “donde se involucre a menores o que tengan que ver con pensiones alimenticias, así como las órdenes de protección para mujeres  y menores de edad, así como los asuntos penales tanto del sistema adversarial, como del tradicional que tuvieran, en ese sentido el poder judicial sigue trabajando para atender estas cuestiones”.

 

Asimismo, señaló que los asuntos que no se consideraron como urgentes, son: los civiles y mercantiles, “aquellos que son más del orden privado o que tienen que ver contra particulares; cuestiones económicas o patrimoniales, esos quedaron suspendidos”.

 

Sin embargo, aclaró que “no se detuvieron las actividades del poder judicial, porque se trabajó en los casos necesarios y se dejaron guardias, de modo que atendieran la elaboración de los acuerdos, emisión de sentencias, para que una vez que se reanuden las labores se tenga el trabajo avanzado”.

 

Por lo anterior, reiteró que no se está brindando atención al público en general, pero sí están trabajando en el análisis de los asuntos y acuerdos.

 

“No han parado las labores en ningún juzgado, solo que no se tiene atención al público, y para evitar que los términos sigan corriendo se declaran inhábiles todos estos días, por lo que no podemos llevar a cabo actuaciones judiciales, ni diligencias fuera del juzgado, emplazamientos, embargos, diligencias para separar personas, debido a que hay un alto riesgo de contagio”, argumentó.

 

Apuntó que tampoco pueden llevar a cabo audiencias en el interior de los juzgados porque implicaría exponer a los participantes a contagiarse del Covid 19, “no podemos concentrar a la gente en una sala, además de facilitar el acceso a edificios, donde normalmente se reciben entre 300 y van 400 personas al día, estaríamos poniendo en peligro a la población”.

 

De igual forma, señaló que las notificaciones también están suspendidas debido a que se realizan en la calle, en los domicilios, lo cual también implica un riesgo por la posibilidad de propiciar contagios, “pero sí estamos avanzando en sentencias y en acuerdos, los cuales se tendrán listas para cuando reanudemos actividades; además la oficina de depósitos sí está abierta porque hay gente que necesita recibir su pensión alimenticia”.

  

 

Finalmente, enfatizó que en el Poder Judicial “tenemos el compromiso primordial de preservar la salud de todos los que trabajamos aquí, y de la sociedad en general. Si no actuamos de manera responsable, contribuimos a que esta pandemia se siga extendiendo”.