SISTEMA ANTI CORRUPCIÓN

Nuestro sistema político mexicano parece avanzar bajo el método de prueba y error. Aunque en los hechos se aprecia a la inversa y en proporciones desequilibradas, algo parecido a: error, error, acierto. Lo digo con justa razón, pues, el sexenio peñista, caracterizado por el alto grado de corrupción, en su camino, cometiendo error tras error, logró un acierto en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que vaya decirlo, fue una respuesta al escándalo generalizado por la “casa blanca” y otros actos de corrupción, y como “autocastigo” se vio obligado a elaborar una ley para evitar impunidad en los casos futuros, y claro, valga decirlo, pactando inmunidad de su asunto con la clase política del momento.

 

Aunque en lo personal no soy partidario de generar obesidad en la burocracia, considero determinante impulsar organismos ciudadanos que busquen combatir  la corrupción, bajo los principios de honradez, transparencia y eficiencia. En ese tenor, el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da vida al Sistema Nacional Anticorrupción que fungirá como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

 

En dicha Ley, se contempla un Comité Coordinador, integrado por los titulares de diversas dependencias públicas y un Comité de Participación Ciudadana, compuesto con personas de la sociedad civil. Pero, ¿cuál sería la verdadera fuerza de este último ante una mayoría institucional, es decir, ante la posibilidad que las instituciones dobleguen el poder ciudadano? La respuesta será la vinculación directa con la sociedad civil. Despertar el ánimo social contra todos los actos de corrupción.

 

El Tema de la corrupción no es exclusivo del estado Mexicano, pues a nivel internacional es motivo de estudio profundo y prueba de ello es que la creación de la Ley Anticorrupción se fundó en la “Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos”, firmada por México el 26 de marzo de 1996 y ratificada por el Senado de la República el 2 de junio de 1997, así como en la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, firmada por México el 21 de noviembre de 1997 y ratificada por Ia Cámara de Senadores el 27 de mayo de 1999 (Convención Anticohecho de la OCDE), y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, firmada por México el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por el Senado de la República el 29 de abril de 2004”.

 

La Ley anticorrupción, tiene una peculiaridad está orientada en identificar las causas de la corrupción y no solo los efectos que son los delitos propiamente dichos. En este sentido, la ley contempla una política preventiva y a la vez punitiva. Además, la ley investigara y sancionara los delitos con el objeto de evitar su propagación y el mayor daño al Estado y la sociedad.

 

 

La moneda tiene dos caras, igual el tema de corrupción, uno de parte de los servidores públicos y otro de particulares, que configuran el cohecho, la confabulación, la simulación, el tráfico de influencias, la presentación de información falsa, entre otras. La tarea no es sencilla, pero altamente satisfactoria para la dignificación de la política.

 

Roberto Chapula Rincón

Abogado litigante