ORDENA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO AL CONGRESO LOCAL RESTITUIR A MIRNA EDITH VELÁZQUEZ, COMO DIPUTADA LOCAL

El Tribunal Electoral del Estado, ordenó al Congreso local, restituir en sus funciones de diputada a Mirna Edith Velázquez Pineda, en un plazo máximo de 5 días, contados a partir de que sea notificado de la sentencia aprobada por unanimidad al resolver de manera definitiva el Juicio para la Defensa Ciudadana Electoral, identificado con la clave y número JDCE 26/2018.

Lo anterior ocurrió este jueves por la tarde-noche cuando se desarrolló la sesión extraordinaria del máximo organismo jurisdiccional en materia electoral, donde la magistrada Ana Carmen González Pimentel, presentó el proyecto de resolución definitiva, donde concedió la razón a Mirna Edith Velázquez Pineda, quien impugnó el Acuerdo 087, aprobado el 30 de julio por el Congreso del Estado.

De acuerdo a la sentencia aprobada por unanimidad, se deja sin efecto el Acuerdo Legislativo 087, del H. Congreso del Estado de Colima, de fecha 30 de julio del año 2018 mediante el cual se le niega la posibilidad de ejercer el cargo de diputada a Mirna Edith Velázquez Pineda.

Segundo, se ordena al H. Congreso del Estado, restituir a Mirna Edith Velázquez Pineda, en su cargo de diputada por el principio de representación proporcional, en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente sentencia.

Tercero,  Se ordena al presidente e integrantes de la mesa directiva de la Quincuagésimo Octava Legislatura del Congreso del Estado de Colima, que implemente las medidas necesarias y pertinentes a fin de garantizar el pleno ejercicio de sus funciones en el desempeño de su cargo con todos los derechos, deberes, remuneraciones y prerrogativas, inherentes a la naturaleza de la función pública que desempeña.

Cuarto, la autoridad responsable deberá rendir al Tribunal Electoral del Estado, dentro de las 24 horas siguientes, un informe acerca del cumplimiento de esta sentencia.

Quinta, se apercibe al Congreso del Estado de Colima, por conducto de su presidente, que en caso de incumplimiento de la presente resolución, se procederá conforme al Artículo 77, de la Ley estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al leerse la sentencia, la Magistrada ponente Ana Carmen González Pimentel, dijo que la quejosa argumentó que se violentaron los artículos 14 y 16 de la Constitución General, pues haber sido separada del cargo debió haber sido oída y vencida.

Destacó que del análisis de las constancias que obran en autos “no se desprende la existencia que evidencia que la impugnante haya renunciado al cargo de diputado por el principio de representación proporcional, que ostentaba en el tercer lugar de la lista, por ello se considera que el agravio es fundado y suficiente para atender sus pretensiones”.

Ana Carmen González señaló que de acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política del Estado, el cargo de diputado es renunciable por causa que calificará el Congreso “y por ningún motivo será gratuito; por su parte el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, dispone que el carácter de diputado se perderá en los siguientes casos:

I.- Por resolución  que así lo determine, como resultado de juicio político instaurado en su contra: II. Por sentencia judicial firme que declare el estado de interdicción; III. Derogada; IV.- Por renuncia aprobada por la Asamblea”.

Agregó que en ese sentido el Artículo 29 del Reglamento de las Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, dispone que la solicitud de renuncia de algún integrante del Congreso, será turnada a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, quien formulará el dictamen correspondiente y de ser aprobado por la asamblea, se ordenará convocar al suplente.

En este caso de los diputados de representación se llama a quien sigue hacia abajo en la lista de prelación correspondiente, que el Instituto Electoral del Estado, notifica y además entrega constancias de prelación a los partidos políticos.

La sentencia aprobada señala que siempre el Congreso para actuar debe atender la solicitud de renuncia correspondiente, “y en el caso que se analiza no existen elementos para evidenciar que la parte actora en ningún momento presentó escrito de renuncia a la directiva del Congreso”.

Agregó la magistrada ponente que en el caso que se analiza no se presentó  ninguna solicitud de renuncia, “por lo que no están plenamente justificadas las causas”, señaló que en el caso que se analiza “considerar como renuncia implícita, en el procedimiento seguido por el Congreso del Estado con relación a la licencia de la diputada Martha Leticia Sosa Govea y la parte actora de este juicio, no se cubrieron los requisitos y las formalidades previstas en la legislación”.

“En efecto el mecanismo de sustitución de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, la renuncia al cargo de diputada de representación proporcional, no es idóneo ni formal, ni materialmente, para decidir respecto a su separación de la función que le fue conferida por la ciudadanía en las urnas”.

Ana Carmen González dijo que en ese contexto “las consideraciones aducidas en el Acuerdo 87, así como la normativa, carecen de la eficacia necesaria para determinar la existencia de la renuncia implícita o tácita de la impugnante”.

Destacó que consecuentemente la autoridad responsable no está en condiciones legales de negar el acceso y desempeño al cargo de diputada, pues es el Congreso del Estado el que debió deber analizado en su caso, el procedimiento de sustitución de la ciudadana Martha Leticia Sosa Govea, garantizando el derecho de ambas diputadas, respetando la voluntad de la diputada Mirna Edith Velázquez Pineda, respecto a qué quería hacer con su cargo de diputada plurinominal, al cual nunca renunció”.

La magistrada ponente señaló que al quedar determinado que la parte actora nunca renunció es inconcluso que los actos del Congreso del Estado, han conculcado injustificadamente el derecho de la demandante Mirna Edith Velázquez Pineda, a ser votada.

“En este orden de ideas se vincula al Congreso del Estado de Colima, para que  implemente las medidas necesarias, pues además debe dar relevancia al derecho preferente a la parte actora a ocupar el cargo de diputada plurinominal. Sobre el tercer interesado (Santos Dolores Villalvazo), puesto que el mismo fue registrado como candidato a diputado plurinominal en la posición número 4, y la actora lo fue en la tercera, luego entonces tiene el derecho superior a ejercer el cargo”.

Ante esto el Tribunal Electoral del estado, concluyó que la supuesta renuncia tácita en el mecanismo de sustitución de la diputada Martha Leticia Sosa Govea, es irrelevante para determinar la renuncia de Mirna Edith Velázquez Pineda, al cargo de diputada por el principio de representación proporcional, es una situación de hechos, sin sustento alguno en  el derecho alguno, en consecuencia el impedimento no tiene validez jurídica.