LA EXTINSION DEL DOMINIO COMO LA PENA POR LA OMISION - HUMANITAS

Mtra. NIKOLA VARGOVA

 

  

Hace algún tiempo se realizaron varios operativos dentro de nuestra bella capital Colima, que conllevaron encaminados aseguramientos de diferentes tipos bienes no excluyendo también casas particulares que los propietarios están rentando. Por supuesto, que cada particular, teniendo sus escrituras a la mano requiere a la autoridad que se le devuelve el bien asegurado sometido a la investigación. A la sorpresa de varios se encuentran a parte con muchas dificultades también con la negativa de la autoridad, porque los mismos arrendadores no cumplen los requisitos de la ley relacionados con primeramente documentación incompleta del negocio y también con las obligaciones fiscales.

 

Tener negocio esta condicionado con el cumplimiento de los requisitos señalados por la ley o las autoridades correspondientes. Rentar una casa, aunque a la primera vista no parece al negocio, genera una actividad económica con el ingreso de esta actividad que debería ser registrada ante la hacienda. No obstante, los otros requisitos que vienen de la Ley de Extensión de Dominio es el supuesto legal que nuestra actividad consistente en la renta, no tiene ningún trasfondo ilegal. Trasfondo ilegal en relación con la renta del bien inmueble no ocupa ser únicamente la vinculación directa con las personas que rentaron nuestro bien inmueble y se dedicaban a alguna actividad ilícita, sino también con la misma adquisición del bien inmueble y la legalidad de las operaciones de la renta o uso o manejo de la propiedad. En final la extinción de dominio en su definición general significa perdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere el artículo 3.- de la Ley de Extinción de Dominio. El ejercicio de la acción de extinción del dominio corresponde al Ministerio Publico, pero en la finalidad el juez competente emite la sentencia que se pronuncie sobre la perdida de los derechos. Aunque el procedimiento esta independiente de aquel penal, está iniciando con el aseguramiento del bien inmueble y con el señalamiento de la actividad ilícita que se desarrolló dentro de él.

La prueba fundamental consiste en que el propietario acredite que tenía desconocimiento sobre el ilícito y que realmente estuvo en el impedimento de conocerlo. También la parte esencial es demostrar los derechos, si sería con las escrituras, contratos de compra-venta, derechos ejidales encaminados con la registración del contrato de arrendamiento en el nombre del propietario. En varias ocasiones los propietarios no están bien aconsejados por parte de los asesores inmobiliarios o por su propio descuido omiten cumplir sus obligaciones relacionados con la propiedad y mismos recurren delito. En el procedimiento judicial es el requisito presentar documento con fecha cierta y de anterioridad al hecho ilícito y que se debidamente pagaron los impuestos y contribuciones. Así comprobar únicamente el impedimento real para conocer la comisión del ilícito o para denunciar esta comisión no es el requisito único, sino parte de la rama de las condiciones legales, pero primeramente es importante señalar que la omisión si dolosa o por simple descuido durante la renta de nuestra propiedad, nos puede llevar a la perdida de nuestros bienes.