EL OTRO CUYUTLANAZO(parte I)

En cierta ocasión, el camino de la vida me hizo coincidir con un singular personaje de las tierras vecinas de Jalisco. Al verlo, de inmediato delataba una procedencia ajena al estado de Colima. Su aspecto no encuadraba en el término medio de la gente oriunda de aquí. La vestimenta fina daba la impresión de una persona con suficiencia económica y su lenguaje elegante, me hizo reconocer su elevado nivel cultural. Les comento de semejante persona, de edad avanzada, porque de entrada, creí que tal vez ni conocería nuestro pequeño Estado, pero mi sorpresa fue grande, que hasta la fecha recuerdo a la perfección su expresión y gusto por contarme los recuerdos de su juventud en Cuyutlán.

Entusiasmado, me contó sus frecuentes viajes al paradisiaco Cuyutlán. Me dijo que en su época, era el principal centro turístico de la zona. Que los jóvenes jalisquillos veían a divertirse aquí. En esos años no había otro lugar tan desarrollado, ni Vallarta, Cancún o Acapulco. Incluso, me comentó, que en un par de ocasiones lo visitó en compañía de los hijos de expresidentes de la República. Esta plática me hizo reflexionar del verdadero potencial que tuvo ese lugar.

Hoy en día, ese maravilloso lugar que describió parece deshabitado. Un pueblo olvidado y ajeno al desarrollo, mismo que sólo tiene vida un par de semanas al año, sin embargo, vuelve a la escena pública y no precisamente por sus bondades, sino por un tema totalmente diferente, y me refiero a la ilegal permanencia de una caseta de cobro que fue creada para recuperar la inversión de la creación de la carretera Armería-Manzanillo.

Indudablemente a todos nos parece aceptable que pueda haber inversión privada en las obras públicas, incluso resulta justo que por esa inversión le sea retribuida una ganancia económica por un tiempo determinado.

 Lo absurdo estriba en que los ciudadanos tengamos que seguir pagando derecho de peaje por un tiempo mayor al estipulado en la concesión.

Lo ilegal se manifiesta en que el gobierno Federal en turno, de manera unilateral amplió el término de la concesión a la empresa particular, sin una justificación válida.

La burla es que aún cuando ya se pagó la inversión del particular, éstos sigan cobrando y aumentando el costo de la caseta.

 

¿Con qué derecho el gobierno puede autorizar ampliaciones del periodo de una concesión sin tomar en cuenta al pueblo? Parece una práctica sistemática que los representantes populares hagan oídos sordos, se alineen a intereses oscuros o permanezcan inmutables a las causas sociales. Causa indignación, que lejos de ser defensores de los intereses del pueblo se conviertan en el verdugo del mismo.