EL DESVIÓ DE DINERO DE LOS TRABAJADORES DE GOBIERNO, YA NO ES DELITO.

Hay un dicho que dice: “hasta a lo frío le soplo”, y me he dado cuenta de su basta aplicación  en temas políticos-legales, pues los actos de gobierno, en vez de sembrar la esperanza, han cobijado la desconfianza y la decepción en la ciudadanía;  sentimientos que desmotivan, frustran, molestan y ofenden a la sociedad que está cansada de acciones de gobierno dudosas y poco claras.

 

 

Hoy en día, cuando observo algún acto de gobierno o leo una acción emprendida por ellos, analizo cual es el trasfondo político, y no cabe duda que existe, ese trasfondo que es el verdadero motivo por el que realizan la acción, aunque esa acción sea disfrazada de múltiples bondades, y esas acciones siempre van acompañadas de frase como: “en un acto de responsabilidad” “en beneficio de la sociedad”, etc. Discursos o campañas mediáticas que hasta hacen que se te ponga la piel chinita de lo emotivo, y uno piensa, cómo es posible desconfiar de estas personas si en verdad buscan el bien común o la justicia social.

 

 

Pues, les diré que el día 2 de octubre de 2018 fue publicado el decreto 618, por el que se aprueba derogar el artículo 233 bis 2 del Código Penal para el Estado de Colima, el motivo que señalaron los ilustres diputados fue para evitar una confusión de los juzgadores al momento de aplicar la norma penal.

 

 

Hasta aquí, todo pareciera correcto, pero cuando advierto que la iniciativa fue turnada el día 26 de septiembre de este mismo año y aprobada con desacostumbrada celeridad, me causa ruido, pero lo curioso del caso viene cuando observamos el contenido del artículo que dejó de ser delito y que me permito transcribir:

 

“ARTÍCULO 233 BIS. 2. Al servidor público que descuente o retenga cuotas, o aportaciones a los empleados de una Entidad Pública, y omita destinarlas al fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, se le impondrán de cuatro a ocho años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de dos mil unidades de medida y actualización, de seis a doce años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de dos mil pero no de cuatro mil unidades de medida y actualización, y de ocho a quince años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a cuatro mil unidades de medida y actualización.

 

Si las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, no establecieren un término para enterar las cuotas o aportaciones, tal entrega deberá efectuarse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha en que se hizo el descuento o retención, para no incurrir en la conducta delictiva señalada.

 

Además, a los responsables de este delito se les impondrá privación para ejercer funciones públicas y una multa por un importe equivalente de trescientas a mil unidades de medida y actualización.

 

Cuando se configuren los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el servidor público reintegra la totalidad de las cuotas, aportaciones antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenían que ser aplicados, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.”

 

            Es decir, apenas aprobada una nueva ley de pensiones, los diputados salientes, dicen “borrón y cuenta nueva”. Me pregunto, ¿era mayúsculo el desvío de arcas estatales? o sólo es un favor al alcalde Héctor Insúa, quien ostentaba señalamientos del líder sindical por desviar recursos de los trabajadores. ¿Ustedes creen en las casualidades? se los dejo a su consideración.