EL DERECHO A LA SALUD -  HUMANITAS

 Mtra. NIKOLA VARGOVA

 

La pandemia del COVID-19 nos enseñó de manera excesiva a utilizar el derecho a la salud, finalmente con el único pretexto para que de manera justificada puede detener la vida en las áreas donde más nos conviene. Nos expresamos de manera general sin saber el alcance a este derecho fundamental establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con una formula única, que todas las personas tiene derecho a la protección de la salud. La Constitución nada más delega la regularización de los mecanismos como lograr y salvaguardar la salud a las entidades federativas, y tampoco establece si la protección de la salud se refiere al derecho a la salud colectiva. ¿Y cuál es la diferencia entre derecho a la salud individual y colectiva? Parece que ninguna, pero la verdad es el contrario porque derecho a la salud colectiva significa que en relación con el individuo prevalece el interés de la sociedad. Lo que es bueno para un individuo, no siempre es bueno para toda la sociedad. Aunque el derecho a la salud lo reconocemos como derecho individual que actúa colectivo, hay situaciones específicas, que salen de este lineamiento.

Los cambios sociales, económicos, políticos y la misma globalización están determinando cada vez más la situación sanitaria en nuestro país en un amplio aspecto a la salud pública. La libertad de circulación del ciudadano individual entra en colisión con un derecho a la salud colectiva en relación con el riesgo del contagio por el COVID-19, o el derecho al libre desarrollo de la personalidad en relación con las medidas sanitarias como cuarentena. ¿Se trata en este caso sobre derecho a la salud en el sentido individual o colectivo? Hablando de la pandemia del COVID-19 quedo sustentado que el virus como tal no tiene las mismas afectaciones a los individuos, ni presenta los mismos síntomas en las personas contagiadas. Así es cierto que, en relación con esta pandemia, las medidas sanitarias, las restricciones van de la mano con la protección del derecho a la salud en el sentido colectivo.

 

La adopción de medidas sanitarias urgentes y necesarias para la salud pública que impliquen privación o restricción de la libertad de otro derecho fundamental siempre tienen que pasar por el proceso de la ponderación porque resulta que estas medidas pueden generar inseguridad jurídica. Hay diferencias entre medidas como cierre de un local, la suspensión de actividades o la incautación de productos que tienen carácter patrimonial, y el internamiento obligatorio, la interposición de una vacunación forzosa, la exigencia de un tratamiento o de una cuarentena para la propagación de la enfermedad impliquen la afectación de algún derecho humano fundamental. Cada medida debería ser valorada, autorizada y emitida por un Juez especializado en la materia de derechos humanos con la sensibilidad humana para asegurar la mínima afectación a los derechos humanos de los ciudadanos. Asimismo, en la valoración debe tomarse en cuenta el principio de cientificidad que significa que la toma de medidas sanitaria debe tener en todo caso una base científica, médica y epidemiológica, el principio de proporcionalidad que valora la idoneidad y la necesidad de la medida. Finalmente, sobre aplicación de las medidas de protección decidimos nosotros, humanos, no existen fórmulas generales ni mecanismos robóticos, así la aplicación de los criterios de racionalidad serán suficiente para no vulnerar los principios básicos de la convivencia social.