AYOTZINAPA

La división de poderes en un sistema político, fue concebida como una forma para evitar un poder absoluto. Su espíritu es generar los contrapesos necesarios para  ejecutar la voluntad del pueblo, no la hegemonía de un poder que tome decisiones unilaterales, sin el aval de la ciudadanía. Al igual que la ley, que evoluciona para ajustarse a la realidad social, hoy podemos advertir el desarrollo de nuevas formas de gobierno basadas en la primigenia idea de distribuir el poder.

 

Hablo de la inclusión de los órganos e instituciones autónomas. Impulsados por corrientes liberales en diferentes partes del mundo han tenido un avance considerable. En México, ha sido significativa su actividad y el resultado es favorable en diferentes rubros administrativos. Esta fragmentación del poder, representa, no depender ni del poder ejecutivo, legislativo o judicial; sino ser un ente objetivo, técnico con facultades exclusivas, siendo una opción real sobre todo en las naciones donde aún no se consolida la democracia como verdadera forma de gobierno.

Los vicios de la falta de autonomía cobran mayor énfasis en los órganos facultados constitucionalmente para investigar los delitos: las Procuradurías de Justicia, denominadas Fiscalías, las cuales se distinguen por la falta de independencia y poca imparcialidad. Sin embargo, ¿qué problemas se presentan con la falta de autonomía? Para demostrar lo anterior el caso Ayotzinapa, un asunto trascendental que conmocionó a los mexicanos, y que tal vez dará pie a ver al primer expresidente de México de la era moderna en prisión.

 

Su responsabilidad es clara, en un afán de proteger a miembros de la clase política, permitió una investigación deficiente. A través de su procurador de Justicia enturbió la averiguación.  Es probable que de contar con una fiscalía autónoma, la indagatoria hubiera sido eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial; explorando todas las líneas de investigación posibles, como lo exigen las normas penales. Sin embargo, las pesquisas quedaron a deber.

 

En una sentencia de 712 páginas, el magistrado MAURICIO FERNANDEZ DE LA MORA, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en el estado de Tamaulipas, mediante determinación colegiada, pone el dedo en la llaga, determina que la PGR  actuó con parcialidad y sin autonomía, al no investigar al ejército y a la policía federal, quienes tenían imputaciones de haber participado en los hechos.

 

 Cabe destacar, que la noche del 24 de septiembre de 2014, desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, en el Estado de Guerrero, un hecho que evidenció la cruda realidad de México. Ese México carcomido por la corrupción. Ese México acostumbrado a la componenda política. Ese México sin justicia.

 

Según se lee en el texto de la sentencia, el Ministerio Público tuvo actuaciones seriamente cuestionables, tan es así, que los juzgadores se vieron en la necesidad de innovar en la creación de una comisión de la justicia y la verdad integrada por familiares de víctimas, de organismo independientes, pero muy en especial de personas ajenas a la PGR. Siendo un punto clave de la resolución,  solicitarle al Presidente de la República gire instrucciones a todas las Secretarías y dependencias que prestan apoyo y faciliten el objetivo de la comisión. Además, se ordena se destinen los recursos presupuestarios que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la misma por lo que le hace del conocimiento del Congreso de la Unión. Con sentido humano, los magistrados consideraron como un buen gesto anticipar una indemnización parcial a los familiares de los estudiantes desaparecidos por el monto de 500 mil pesos.

 

Con tan marcado hecho. Es momento de atrevernos a transitar a un órgano de investigación de delitos autónomo, que no dependa de las órdenes del ejecutivo, que no le deba el favor del nombramiento a ningún poder público o fáctico, sino que sea resultado de un proceso transparente, público, de oposición, que tenga como misión la investigación de todos los delitos sin considerar quiénes los cometieron. No esperemos  mejores resultados si seguimos haciendo lo mismo.

   

Roberto Chapula Rincón

Abogado litigante