ACCESO A LA JUSTICIA - HUMANITAS

NIKOLA VARGOVA

 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos como organismo internacional respecto a la pandemia del COVID-19 emitió un conjunto de recomendaciones para la aplicación de las perspectivas interseccionales prestando especial atención a la aplicación de derechos humanos en esta situación crítica con el fin de lograr la eficiencia regional. Aunque en estos momentos podemos ver, que en relación con la anteriormente mencionada pandemia mundial, se quedaron afectados varios derechos humanos, quiero en esta cuartilla dedicarme al acceso a la justicia, que de mi punto de vista sufre más como el propio derecho a la salud.

 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental protegido dentro de nuestra Constitución, no obstante, también quedó establecido de manera directa o indirecta en varios tratados internacionales que México es la parte. En la parte Resolutiva de la Recomendación se pronunció la Comisión respecto al acceso a la justicia directamente en los tres artículos señalando la obligación del Estado asegurar la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y acceso a la justicia ante posibles violaciones de los derechos humanos, estableció la abstención de suspender procedimientos judiciales idóneos para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos y libertades y abstener de los actos que pueden suspender procedimientos judiciales como amparo que es la herramienta esencial de la protección de los derechos humanos.

 

Lamentablemente nada de esto se está cumpliendo en estos momentos. Los trabajos en los juzgados están suspendidos y si el gobernante quiere reclamar cualquiera injusticia, que no está relacionada con la detención o la restricción de la libertad en virtud del cumplimiento de la orden judicial, recibe respuesta que "tiene que esperar hasta que se reanudan trabajos en los juzgados" y como tranquilizante únicamente el lema "que no corren plazos judiciales".

 

El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho y por supuesto la base de una sociedad democrática y la seguridad que toda la injusticia cometida contra los gobernantes va estar combatida por los medios legales. Sin acceso a la justicia las personas no pueden hacer oír su voz ni ejercer sus derechos. La restricción a este derecho en relación con la protección ante la pandemia de COVID-19 se realizó en el decreto emitido por un organismo federal dentro del cual se estableció la suspensión de labores de todos los tribunales con objeto de evitar la transmisión del virus en la sociedad. ¿Pero es suficiente para asegurar el acceso a la justicia que no corre el periodo legal dentro de cual podemos reclamar la injusticia cometida en nuestro contra, dicho plazo judicial? Yo opino que no. El acceso a la justicia es un principio, derecho humano muy complejo. Incluye desde la accesibilidad a los tribunales judiciales, del derecho a la asesoría legal hasta la ejecución de las resoluciones o la indemnización por los daños causados y todo esto dentro de los plazos establecidos por la ley. Así es más que cierto, que por pura suspensión de plazos judiciales, no se esta cumpliendo con este requisito constitucional y mucho menos internacional. La suspensión extraordinaria en estado de la guerra, pandemias, catástrofes naturales, perturbación del orden interno, invasión o crisis económica financiera con el fundamento en el artículo 29.- de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos salvaguarda todas las garantías judiciales, casi de igual manera como lo establece la recomendación de la Comisión. ¿Porque en esta situación de la pandemia del COVID-19 la situación es distinta y olvidamos de los principios que nos establece nuestra propia Constitución, la sociedad se divide y sobreprotege únicamente ciertos grupos y no toda la sociedad en virtud de principios de igualdad y no discriminación? Por no tomar en cuenta el principio más importante que todos somos seres humanos independiente de la edad, sexo, religión, pertenencia de grupo étnico y recursos.